Solo el 5% de los trabajadores peruanos puede ejercer el derecho humano a la sindicalización
julio 11, 2022
- Cifra demuestra la falta de cumplimiento de los Principios Rectores de Naciones Unidos en materia de Derechos Humanos por parte de las empresas.
- La promulgación de una Ley de Debida Diligencia buscaría resolver esta situación, tal como lo han hecho Alemania y Francia, y que además viene siendo discutida por la Unión Europea
Lima, 11 de julio del 2022. La aprobación de una ley de Debida Diligencia posibilitaría superar los obstáculos que impiden ejercer el derecho humano a un sindicato y negociar colectivamente con sus empleadores. Frederica Barclay, presidenta del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú EQUIDAD, organización no gubernamental que forma parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), señaló que actualmente la tasa de sindicalización alcanza solo al 5% de los trabajadores asalariados –95 de cada 100 trabajadores tiene serias limitaciones para hacerlo–, lo que “constituye una transgresión que el Estado debe corregir para ser coherente con sus compromisos internacionales de respetar los derechos humanos”.
“Como se sabe, los derechos humanos son condiciones inherentes a toda persona, consagrados en tratados y convenios internacionales, y deben ser respetados, ejercidos y protegidos por los Estados, lo que implica medidas para evitar que las empresas los vulneren”, remarcó la representante de Perú EQUIDAD.
“En ese aspecto, la debida diligencia constituye la condición previa para que las empresas identifiquen potenciales riesgos de afectación a los derechos humanos, adopten medidas para prevenirlos, asegurando además el acceso a medidas de remediación en caso de abusos comprobados, reduciendo de esta manera los impactos negativos que pueda generar su actividad económica”, agregó.
Barclay indicó que lo que se viene buscando ahora es que este principio se consolide como una Ley de Debida Diligencia, tal y como lo están haciendo países de la OCDE, tales como Francia y Alemania, además de Brasil, Colombia y México en la región.
“Una Ley de Debida Diligencia establecería un marco regulador para asegurar que los derechos humanos sean respetados por las empresas, incluidos el derecho a formar sindicatos y sindicalizarse de los trabajadores, lo cual contribuiría a que las empresas cumplan con garantizar su cumplimiento”, señaló. “De esta manera, tendría un carácter mandatorio”, agregó.
El derecho a la vida
La representante de Perú EQUIDAD también mencionó otro tipo de transgresiones a los derechos humanos, en este caso, al derecho humano a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas que aparece en el artículo N° 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Se trata del impacto generado por los más de 11 mil pasivos ambientales que hay actualmente en el Perú producto de las actividades extractivas, principalmente de la minería y la explotación petrolera, que transgreden justamente el derecho a la vida y seguridad de las personas”, remarcó. “Como se sabe, según el propio Ministerio de Energía y Minas, los pasivos ambientales generados por la minería alcanzan casi los 8 mil y los generados por la explotación de hidrocarburos superan los 3 mil”, agregó Barclay.
“En el Perú resulta siendo una necesidad urgente el poder promulgar una ley de debida diligencia, más aún por los diversos vacíos de regulación y control que existen en diferentes materias relacionadas a las empresas, desde los aspectos laborales hasta los medioambientales”, señaló la presidenta de Perú EQUIDAD.
“Además, promulgar una ley de debida diligencia es una medida casi obligatoria si es que queremos formar parte de la OCDE en un corto o mediano plazo”, concluyó.
VII Foro Regional de las Naciones Unidas sobre empresas y DD. HH. para América Latina y el Caribe
Este foro es organizado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en colaboración con la OCDE. Se realiza en Bogotá del 13 al 15 de julio del presente año y se transmitirá en vivo a través de plataforma digitales.
La primera sesión del Foro se celebró en Medellín, Colombia, en 2013. Desde entonces, el Foro se ha convertido en la principal plataforma multisectorial de intercambio de buenas prácticas y aprendizaje entre pares en relación con los derechos humanos y las actividades empresariales en la región. Como en años anteriores, los debates del Foro Regional alimentarán la 11 sesión del Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
