Se presenta estudio de línea de base sobre condiciones laborales y Conducta Empresarial Responsable en la Agroexportación de Ica

marzo 10, 2023

  • Estudio revela avances importantes en el cumplimiento de la formalidad laboral en el segmento de la mediana y gran empresa agroindustrial en la Provincia de Ica. 
  • A pesar de estos avances, el conjunto de trabajadores encuestados manifestó no estar sindicalizado, siendo que 3 de cada 4 trabajadores agroindustriales señaló no tener conocimiento de la existencia de un sindicato en su empresa. Estos hallazgos evidencian los retos y desafíos que enfrentan trabajadores y empresas en materia de derechos fundamentales como la libertad sindical y negociación colectiva.

Lima, marzo de 2023.- El Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) y la Cámara Comercio, Industria y Turismo de Ica (CCITI), presentó los resultados de un estudio de línea de base que identifica los avances y desafíos en materia de derechos humanos laborales en el sector de la agroindustria en la provincia de Ica. Esta provincia representa el 75% de las exportaciones de la región y más del 30% de las exportaciones no tradicionales del país. 

Este estudio de línea de base tiene por principal objetivo generar información actualizada, relevante y objetiva sobre el desarrollo de políticas laborales y de debida diligencia en las empresas agroindustriales de Ica, así como identificar aquellos aspectos que requieren una mayor atención para mejorar los estándares de cumplimiento. “Confiamos en que los hallazgos obtenidos serán la base para la formulación concertada de un Plan Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para la Región Ica, que permita impulsar Conductas Empresariales Responsables (CER) en el ámbito de la agroindustria”, señaló Enrique Fernández-Maldonado de Perú EQUIDAD, quien tuvo a su cargo la presentación.

En este contexto, este estudio ha permitido identificar, en el segmento de grandes y medianas empresas agroindustriales ubicadas en la provincia de Ica que fueron objeto de la investigación, importantes avances en la realización de los derechos laborales individuales. Estos se expresarían en el predominio de condiciones de trabajo adecuadas (contratos de trabajo formales, jornadas y beneficios sociales regulados, ambientes de trabajo debidamente acondicionados), de acuerdo con lo exigido por la legislación laboral nacional; lo que constituye un aspecto valioso, considerando el porcentaje importante de empresas que operan en la informalidad y el severo impacto económico y social que significó la pandemia del Covid–19. Estos avances responden a las iniciativas asumidas por las empresas analizadas, que han ido incorporando mecanismos de debida diligencia, especialmente en lo referido a la prevención de potenciales riesgos. Así tenemos que todos los encuestados indicaron ser trabajadores directos de la empresa y estar contratados en condiciones de formalidad laboral.

Al respecto, es importante señalar que, si bien en términos generales, las condiciones de trabajo reportadas se encuentran dentro de los parámetros de empleo adecuado establecidos para la legislación laboral del sector, ningún encuestado reconoció formar parte de una organización sindical y estar comprendido dentro de una negociación colectiva. Ello a pesar de que el 13% indicó que sí estaría interesado en participar en un sindicato; básicamente porque los consideran útiles para “solicitar lo que hace falta”, mientras que un 86.32% manifestó reparos en sindicalizarse por “no tener tiempo” o por “ser peligroso”.

“Creemos que este estudio es un paso importante hacia la formulación de políticas y estrategias que promuevan la protección de los derechos laborales en este sector clave de la economía peruana, pues identificó un conjunto de aspectos que representan un desafío para el conjunto del sector agroexportador. Estos están relacionados con el ejercicio de la libertad sindical y de los derechos colectivos relacionados con la sindicalización, que, en el caso de la muestra seleccionada, se expresa en la casi inexistencia de organizaciones sindicales, situación que puede ser extendida al conjunto del sector”, comentó Enrique Fernández-Maldonado de Perú EQUIDAD.

Principales desafíos del sector

Uno de los principales desafíos para avanzar hacia una Conducta Empresarial Responsable (CER) es mejorar las condiciones habilitantes para el ejercicio de la libertad sindical, que se ven limitadas por el predominio de contratos temporales y la alta rotación de personal en las empresas. Esto coincide con la información obtenida en el estudio de línea de base, donde la mayoría de los trabajadores reportó contar con contratos a plazo fijo, de un año de duración, principalmente en las labores de campo y administrativas. En la muestra recogida prácticamente no se registró empleo tercerizado o subcontratado. 

De acuerdo con lo manifestado por una de las empresas entrevistadas, las razones que explicarían la inexistencia de sindicatos en las empresas analizadas estarían relacionadas con la alta rotación de personal, que impediría que se asienten grupos estables, producto de los contratos laborales temporales. La inexistencia de organizaciones sindicales es reemplazada, en algunos casos, por “comités de empresa”, también denominados “paritarios”, de “bienestar” o “clubes”.  Sin embargo, estas modalidades no garantizan una negociación con sus empleadores que se materialice en un convenio colectivo, cuyo carácter legal otorga garantías para ambas partes.  

Por otro lado, también se identificó que la fiscalización realizada por la SUNAFIL es constante en las empresas entrevistadas. Algunas empresas indican que muchas solicitudes de inspección responden al desconocimiento de los trabajadores sobre los conceptos que incluye la boleta de pago, lo que evidencia la necesidad de trabajar más el aspecto comunicativo con los trabajadores, informando sobre sus derechos, beneficios y la forma cómo son calculados y regulados.  

Se advierte, en este sentido, la necesidad de explorar conjuntamente las ventajas de establecer un diálogo institucionalizado entre empresas y trabajadores a través de negociaciones colectivas con actores sindicales, del mismo modo que combatir, también en forma conjunta, la informalidad en el sector, así como prácticas manifiestamente antisindicales (que limitan el acceso al empleo de los líderes sindicales), así como toda forma de contratación informal.