Sobre la corrupción en el Perú
Al inicio de esta semana circuló en los medios de la prensa escrita, las declaraciones del Contralor General de la República, Sr. Nelson Schack, acerca de que, en el recientemente terminado año 2022, el Perú perdió más de S/. 25,000´000,000 (veinticinco mil millones de soles), aproximadamente 6.5 mil millones de dólares, alrededor del 3% del PIB, por corrupción e ineficiencia de las autoridades.
Esta impresionante cifra no fue lo suficientemente difundida y analizada en los diferentes medios de comunicación, probablemente por la mayor difusión de información relacionada con la situación de crisis política y social en la que estamos inmersos las últimas semanas. Sin embargo, esta información brindada por el Contralor no deja de ser preocupante.
En primer lugar, porque se continúa en el país, con prácticas en el manejo presupuestal, que distan mucho de lo ético y lo correcto en el manejo de las cuentas públicas, que parecen normalizadas y que no generan alarmas. A los extendidos mecanismos venales y de corrupción, se suman las ineficiencias en la gestión de los recursos públicos. Las prácticas corruptas, erosionan año a año, los presupuestos, y los esfuerzos de las instituciones de control, resultan insuficientes e ineficaces para enfrentar la codicia de los corruptores y los representantes del Estado que se coluden. A ello se suman, los poderes del crimen organizado que se van consolidando ante la desidia y la indiferencia de los últimos años. Los cárteles que están detrás de las talas ilegales, la minería, el narcotráfico, contrabando, y otros males que afectan de manera endémica la economía del país, avanzan inexorablemente.
Mención especial merece la ineficiencia del gasto. Uno de los males que afecta a nuestro país y que se observa y se siente cotidianamente, especialmente fuera de Lima, en las regiones de la sierra y de la selva, son los niveles de pobreza. La pobreza medida por el consumo según un costo estimado de la Canasta Básica, para el año 20211, señala que un cuarto de la población peruana, es decir, alrededor de ocho y medio millones de peruanos, no logra cubrir los requerimientos necesarios para tener una vida digna con alimentación, salud, protección, educación, derecho al descanso y al ocio, que todo ser humano requiere.
La pobreza y la pobreza extrema, la que no permite a los que están en esta situación, cubrir una canasta básica de alimentos, afecta especialmente a determinados grupos de la población, como son los que habitan en los ámbitos rurales, las mujeres y la población constituida por niñas, niños y adolescentes (NNA). En el Perú, de cada 100 NNA, 35 son pobres. En Uruguay son 10 y en Chile
20. Aunque el promedio en AL es de por cada 100, 45 son NNA pobres2, pareciera un alivio por la mirada comparativa, pero el asunto no deja de ser grave por la alta desigualdad del país. La pobreza está más arraigada en los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco y Puno, en niveles que fluctúan entre el 37 y 41% de la población, superando ampliamente el promedio nacional de 25.9% del año 20213.
Con relación a otros grupos de edad, los NNA son comparativamente, más pobres. De cada 100 adultos (de 18 a 59 años), 23 son pobres y 3 son pobres extremos. Los adultos mayores, (de 60 a más), de cada 100, 18 son pobres y 2 son pobres extremos. Como lo señalamos, los NNA son los que más evidencian la pobreza en el Perú, 35 de cada 100 y 6 de cada 100 son pobres extremos. Por ello, resulta denigrante para el país, tener las cifras que la corrupción e ineficiencia que señala el Contralor.
Aunque la corrupción es difícil de medir y sólo se logran cálculos y estimaciones, sí se puede medir los niveles de incapacidad en el gasto del presupuesto público que, por ejemplo, afectan a los NNA del Perú. Información oficial permite conocer que entre los años 2017 y 2020 los niveles de ejecución del gasto público en NNA llegaron a las siguientes cifras: en el año 2017, 88% de ejecución de lo asignado; en el 2018, 87% de lo asignado; en el año 2019, 87% de lo asignado, y para el 2020, se tiene un estimado de 84% del total asignado.
En cifras absolutas, numéricas, se dejó de gastar el año 2017, aproximadamente, 4,500 millones de soles, el año 2018, 5,000 millones de soles, el año 2019, otros 5,000 millones de soles y el año de pandemia, 2020, se estima se dejó de gastar 7,000 millones de soles de lo asignado para los NNA.
Todos estos recursos no gastados revierten al Estado y producto de ello se deja de brindar servicios y atenciones a esta población que como vimos, son los más pobres del país, y que además, producto de los efectos de la pandemia, está siendo afectada con mayor gravedad en una problemática compleja con nuevos matices que están pasando inadvertidos en los presupuestos públicos, como por ejemplo: el incremento de casos de maternidad en niñas menores de 14 años; problemas de salud mental; exacerbación de la violencia doméstica; incremento de niños y niñas en calle, y el mayor trabajo doméstico y de cuidados de las niñas y adolescentes mujeres, que dejan de estudiar y perpetúan su situación de pobreza y baja preparación y productividad para el trabajo.
Los flagelos de la corrupción y la ineficiencia del gasto, afectan la vida de los peruanos y atentan contra su futuro. Es necesario, aunque difícil en estos tiempos convulsos y de turbulencias políticas y sociales, empezar a exigir a nuestros representantes políticos y a los futuros candidatos, expresiones claras y determinantes de una lucha frontal contra la corrupción, como ejemplo de una nueva vanguardia política, de cambios, y de expresión de transparencia, de control social y participación de los ciudadanos en la vida y la construcción del país.
1 INEI. Pobreza Monetaria 2021. Mayo 2022.