El Programa persigue incidir en la actuación de las empresas desde una perspectiva transversal que integre los enfoques de derecho y género, como una manera de contribuir a que el crecimiento económico genere un proceso de desarrollo más justo e inclusivo.
Iniciativas
Promover el respeto e implementación de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de los Estados y las empresas, así como de las disposiciones pertinentes contenidas en los acuerdos de cooperación comercial y otros instrumentos análogos que obligan al Estado peruano a asegurar el respeto de los derechos humanos.
Reforzar y estimular el compromiso de las empresas con un enfoque de responsabilidad social corporativa fundada en el respeto de los derechos humanos.
Individualizar violaciones de derechos humanos e identificar los impactos socio ambientales relacionados, directa o indirectamente, con las actividades de las empresas
Desarrollar capacidades para acceder a los recursos disponibles para encarar violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas
Desarrollar herramientas prácticas para que las víctimas y los demás actores de la sociedad civil puedan obtener justicia y reparación por los abusos cometidos por o con la complicidad de las empresas
Difundir y desarrollar capacidades para el manejo proactivo de los estándares sobre empresas y derechos humanos/responsabilidad social empresarial (RSE) disponibles
Líneas de trabajo
Promoción de un enfoque de Debida Diligencia Empresarial fundado en el respeto a las obligaciones vinculantes en materia de Derechos Humanos
La promoción de los derechos humanos en el marco de actuación de las empresas demanda facilitar procesos de desarrollo de liderazgo y capacidades por parte de individuos y organizaciones comunitarias, especialmente de aquell@s en situación de mayor vulnerabilidad, para implementar acciones de prevención y/o reparación en caso de violaciones a sus derechos humanos fundamentales. De la misma forma, exige prever la generación de medios y oportunidades que permitan colaborar con las agencias gubernamentales competentes, en el diseño e implementación de políticas públicas, tanto de ámbito nacional como internacional, dirigidas a hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas internacionales de derechos humanos, las obligaciones sobre el desarrollo sostenible incluidos en acuerdos de libre comercio por parte de las empresas, y promoción de políticas públicas y privadas en materia de debida diligencia empresarial con un enfoque de derechos.
Defensa de los derechos laborales en el marco de los acuerdos de libre comercio
Perú ha ratificado los 8 Convenios fundamentales de la OIT, muchas otras normas internacionales de derechos humanos y varios tratados de libre comercio que incluyen la obligación de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales en materia laboral y ambiental con el objetivo de prevenir una competencia comercial basada en la reducción de la protección de aspectos claves del desarrollo sostenible. Como consecuencia de ello, la existencia de barreras al ejercicio de estos derechos, o una reducción de las normas internas que conduzca a la desprotección de los mismos, puede legítimamente interpretarse como un quiebre de la buena fe contractual y autoriza a la contraparte a imponer sanciones por este motivo, e incluso revocar el tratado. La aplicación de los mecanismos de exigibilidad previstos en tales acuerdos dependerá, en buena medida, de la disponibilidad de información y capacidades por parte de las organizaciones que representan a los trabajadores y comunidades involucrados para documentar vulneraciones a sus derechos fundamentales, así como la formación de alianzas para la incidencia publica en este ámbito.
Implementación de las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
El reconocimiento y difusión de las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ha aportado una valiosa herramienta a las organizaciones que trabajan promoviendo y protegiendo los derechos humanos en todo el mundo, puesto que facilita el desarrollo de la legislación y prácticas necesarias para garantizar el cumplimiento de dichas obligaciones extraterritoriales, conocidas como ETO por sus siglas en inglés. Ello demanda su difusión y apropiación por parte de las organizaciones que representan a los titulares de derechos, así como su puesta en práctica a partir del desarrollo de investigaciones que muestren cómo el incumplimiento de tales obligaciones se manifiesta en situaciones concretas vinculadas a las operaciones de las empresas transnacionales en nuestros entornos nacionales. Igualmente, resulta clave la implementación de acciones de incidencia que permitan su desarrollo normativo, judicialización y/o asunción como política pública en los Estados en los que domicilia la sede de estas empresas.
