Perú ya ha acumulado más de 11 mil pasivos ambientales producto de la actividad minera y petrolera
julio 21, 2022
- Urge una Ley de Debida Diligencia que obligue al Estado a asegurar que las empresas locales y extranjeras que operan en el país respeten los principios rectores de Las Naciones Unidas de evitar, proteger y remediar las afectaciones a los derechos humanos.
- Medida estaría en consonancia con las recomendaciones efectuadas por la OCDE al Gobierno peruano como condición para formar parte de este foro económico internacional.
Lima, julio de 2022.- Una de las transgresiones más importantes a los derechos humanos en nuestro país, en este caso, al derecho humano a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas, que aparece en el artículo N° 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está vinculada con la actividad extractiva y la falta de cumplimiento tanto del Estado y las empresas que operan las concesiones, comentó Frederica Barclay, presidenta del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú EQUIDAD.
“Se trata del impacto generado por los más de 11 mil pasivos ambientales que hay actualmente en el Perú producto de las actividades extractivas, principalmente de la minería y la explotación petrolera, que transgreden justamente el derecho a la vida y seguridad de las personas”, remarcó. “Como se sabe, según el propio Ministerio de Energía y Minas, los pasivos ambientales generados por la minería alcanzan casi los 8 mil y los generados por la explotación de hidrocarburos superan los 3 mil”, agregó Barclay.
De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (2011), las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos donde quiera que operen. Para ello, deben implementar un conjunto de medidas que les permitan actuar guiados por una debida diligencia que les permita identificar, prevenir, mitigar y responder a todas las consecuencias negativas – reales o potenciales – de sus actividades sobre los derechos humanos. Sin embargo, “esto no se cumple en nuestro país. A inicios de año hemos sido testigos de la falta de una debida diligencia por la empresa Repsol, con el derrame efectuado en las playas de Ventanilla, y que hasta hoy no se ve una actitud efectiva de remediación”, comentó Frederica Barclay.
“En el Perú resulta siendo una necesidad urgente la promulgación de una ley de debida diligencia, más aún por los diversos vacíos de regulación y control que existen en diferentes materias relacionadas a las empresas, desde los aspectos laborales hasta los medioambientales”, señaló la presidenta de Perú EQUIDAD.
Barclay indicó que lo que se viene buscando ahora es que este principio se consolide como una Ley de Debida Diligencia, tal y como lo están haciendo países de la OCDE, tales como Francia y Alemania, además de Brasil, Colombia y México en la región. “Además, promulgar una ley de debida diligencia es una medida casi obligatoria si es que queremos formar parte de la OCDE en un corto o mediano plazo”, concluyó.
Sobre la debida diligencia
La debida diligencia constituye la condición previa para que las empresas identifiquen potenciales riesgos de afectación a los derechos humanos, adopten medidas para prevenirlos, asegurando además el acceso a medidas de remediación en caso de abusos comprobados, reduciendo de esta manera los impactos negativos que pueda generar su actividad económica.
