La recesión de la economía peruana
octubre 31, 2023
Por: Rodolfo Mendoza
Según los cánones de la Economía, cuando un país decrece en lo que produce (PIB) por dos trimestres de manera consecutiva, el país entra en recesión económica. Esto significa que la economía se viene estancando, no se están produciendo nuevas inversiones, no se generan nuevos empleos y se afecta las arcas del país por menos recaudaciones de impuestos por la menor actividad económica.
Según el BCRP, en el primer trimestre del presente año, la producción nacional decreció en 0.4% y en el segundo trimestre, decrecimos en 0.5%[1]. Es decir, hemos producido menos que en similares periodos del año anterior y sus efectos ya se empiezan a sentir en la población.
El principal efecto de la recesión se da en el incremento del desempleo, aunque en el Perú, la población lo resuelve creando su propio empleo, es decir, aumentando el subempleo, a través de la autogeneración de su puesto de trabajo, el cual generalmente es de poca o muy poca productividad (por el uso de medios de trabajo de muy baja inversión y poca tecnología, principalmente). Debido a ello, el autoempleado para generar los recursos necesarios para su sobrevivencia y la de su familia, debe extender su jornada laboral (subempleo por horas), o permanecer en su propio negocio ganando menos de los promedios locales (subempleo por ingresos).
Por ello, se estima que el empleo informal estaría bordeando el 80% de la fuerza laboral y que los niveles de pobreza se estarían incrementando en alrededor de 3 puntos porcentuales, por lo que las cifras de pobreza de este año estarían bordeando el 30% de la población del país, alrededor de 10 millones de peruanos, retrocediendo a niveles de décadas pasadas del siglo anterior.
Estas cifras son cálculos fríos que tienen su correlato en las condiciones de vida de la población. Estos indicadores de desempleo, subempleo, bajos ingresos y de pobreza profundizan la exclusión y la marginación de las poblaciones que están muy poco atendidas, o mal atendidas (vistas por el acceso y la calidad de los servicios públicos), por un Estado que debería brindar las condiciones para favorecer su bienestar y desarrollo. Como lo muestran año a año las estadísticas oficiales, los más afectados del país son: las poblaciones indígenas y afrodescendientes, las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, entre las principales.
Una de las causas más importantes que impide mayores y mejores atenciones de parte del Estado para brindar los servicios públicos de salud, educación y protección social de la población, es el reducido financiamiento público, es decir, los recursos públicos que sustentan el presupuesto público de todos los sectores y del aparato del Estado en general.
Según información de diversas fuentes, el Perú tiene una de las presiones tributarias más bajas de América Latina y el Caribe, encontrándose por debajo del promedio regional y solo se acerca a la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Aún así, se calcula que la presión tributaria podría seguir descendiendo en los próximos años de continuar cayendo el nivel de producción, según alerta el Consejo Fiscal[2].
La estructura impositiva viene incrementando la mayor proporción de los impuestos indirectos (los que pagamos todos los consumidores del país, ricos y pobres, a través del IGV y del Impuesto Selectivo al Consumo), antes que los impuestos directos que provienen de las utilidades y las rentas, así como de la riqueza[3].
Información sobre el análisis fiscal señala que en el año 2023 se han otorgado más de 200 beneficios tributarios que representan un monto de menos ingresos tributarios de aproximadamente el 2% del PIB, la mitad de lo asignado a la Educación peruana, equivalente a casi 20 mil millones de soles[4].
Como es fácil notar, se siguen entregando beneficios tributarios que afectan la caja fiscal y donde la inversión privada se sigue retrayendo y la recesión productiva continúa manifestándose. El peso del financiamiento público se va ampliando a la población en general, afectando su poder adquisitivo aún más con niveles de inflación todavía significativos.
Por ello, se precisa con mayor urgencia, la implementación de cambios en la política fiscal (que tiene que ver con la recaudación y el gasto público), sugerida por la CEPAL y hasta por el Banco Mundial, a fin de fortalecer el gasto público en tiempos de recesión y retracción de la inversión privada, así como la propia institucionalidad del Estado, cada vez más débil y carente de todo tipo de recursos.
Asimismo, es urgente tomar medidas para reactivar la economía. El crédito suplementario de 5,000 millones de soles que señala el Ministro de Economía para este propósito al parecer es insuficiente. Se requiere dinamizar la economía y el mercado interno, incrementando la capacidad de demanda de la población generando mayor empleo y más gasto público.
31/10/2023.
[1] Banco Central de Reserva. Resumen Informativo Semanal. 24 de agosto 2023.
[2] Consejo Fiscal. Opinión del Consejo Fiscal sobre el Marco Macroeconómico Multianual 2024-2027.
[3] Según Latindadd, en Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación. Boletín informativo, la participación del IGV en el periodo 2010-2015 era de 40% de la recaudación fiscal. En el período 2016-2021 pasó a ser de 43%. En los mismos períodos el Impuesto a la Renta cayó de 33 al 30% en la participación de la recaudación.
[4] Op. Cit.
