La pobreza y la corrupción afectan los derechos humanos
mayo 19, 2025
Por: Rodolfo Mendoza
Las recientes cifras de pobreza que como todos los años viene reportando el INEI en el mes de mayo, siguen evidenciando la baja calidad de vida de amplios sectores de la población peruana, así como de otra importante proporción de la población nacional de estar en riesgo de caer en la pobreza, al encontrarse en calidad de vulnerables para ser pobres.
Según el INEI[1] el 27.6% de la población peruana el año 2024 estuvo en situación de pobreza, aproximadamente 9 millones 395 mil personas, mientras que de ese total, el 5.5% estuvo en la condición de pobreza extrema, es decir, 1 millón 872 mil de personas padecen problemas relacionados con el hambre. Ni haciendo los malabares, pericias y destrezas que les reconoce la Presidenta de la República a las madres de estos hogares peruanos, pueden escapar de su drama cotidiano de la pobreza extrema.
Hasta el año 2019 las cifras de decrecimiento de la pobreza eran consistentes luego de un par de décadas con tendencia a la baja, llegando ese año a afectar al 20.2% de la población nacional. Con la pandemia del año 2020 la situación fue catastrófica para millones de peruanos. La pobreza se incrementó hasta el 30.1%, es decir en cerca de 3.5 millones de personas más, solo en ese año. Si bien el 2021 hubo una ligera recuperación en la reducción de la pobreza (apenas 1%), las cifras desde el año 2022 hasta esta última del 2024 no se acercan para nada al del año 2019. En el 2024 hubo casi 3 millones de pobres más que el 2019[2].
La inercia de las políticas fiscales para tratar solo de paliar la situación de pobreza de millones de peruanos, permite el nivel de las cifras señaladas. Los programas sociales, principal herramienta de la política de redistribución, a los que se ha venido recurriendo en las dos últimas décadas, al parecer son poco eficaces e insuficientes en los objetivos planteados.
La recaudación de impuestos (política tributaria de la política fiscal) no parece ser prioridad del gobierno y continúa por debajo del 15% del PIB, cifra que se mantiene casi a la mitad de lo que recaudan los países de la OCDE. Ningún país puede hacer obra pública ni atender derechos básicos de su población adecuadamente, con tan reducida captación de impuestos.
La elaboración y ejecución del presupuesto público (política del gasto de la política fiscal) es insuficiente y mantiene año tras año, las deficiencias de gastos descontrolados y al parecer sin rumbos predeterminados. Los vicios de la política nacional se encaraman en esta política y el gasto se destina con no poca discrecionalidad. Las políticas orientadas al desarrollo, no encuentran su correlato en la ejecución del gasto público.
Otro elemento que resulta muy importante para que el rol distribuidor del Estado deje de lado su actuar con eficiencia, eficacia, oportunidad y transparencia es el referido a la corrupción. Los últimos años, la Contraloría General de la República viene elaborando estimaciones para medir lo que significa la corrupción en la economía nacional, a travésdel cálculo de lo que pierde el Estado peruano cada año por acciones de corrupción, malos manejos e ineficiencias en el gasto público. El monto promedio estimado al año está por los 25 mil millones de soles, es decir, alrededor del 10 % del presupuesto nacional del presente año.
Estos 25 mil millones de soles superan en 3.5 veces el presupuesto total de MIDIS, sector del gobierno donde se elaboran y ejecutan los programas sociales para hacer frente a la lucha contra la pobreza. Superan en 20 veces el presupuesto del Sector Ambiental; en 10 veces el presupuesto del Sector Justicia; en 25 veces el del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables; en 6 veces el presupuesto del Poder Judicial; en 2 veces el presupuesto del Sector Interior; en 2 veces al del Sector Salud y en 5 mil millones de soles al del Sector Educación. Además de muchos otros sectores de menores recursos de la Administración Pública.
Por las cifras señaladas, se puede decir que la corrupción afecta la calidad de vida de los peruanos al acortar las posibilidades de que se brinden mayores y mejores servicios públicos para todos, que impiden al Estado peruano, poder ejercer sus funciones con mayores recursos y capacidades, afectando así el rol de redistribución social, así como el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades relacionadas con los derechos humanos.
Las afectaciones de la corrupción no solo son de orden económico, sino que trascienden y también afectan la mayor participación política, social y comunal, especialmente en los territorios ancestrales con amplia participación de autoridades locales y comunales representativas como las comunidades indígenas, en cuyos territorios, en los últimos años, se han venido introduciendo y desarrollando economías ilegales, como la extracción del oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas y otros.
La corrupción si bien es un fenómeno que involoucra principalmente a los actores públicos, también se da entre privados. Se establecen vínculos por ejemplo, entre empresarios formales y no formales para evadir el pago de impuestos. En ese proceso se violan y desconocen derechos económicos, sociales y laborales de las personas que se involucran en estas actividades.
Los efectos de estas actividades ligadas a las economías ilegales y la corrupción también afectan al medio ambiente. El uso de explosivos, químicos, y otros insumos para extraer el oro en los ríos (minería aluvial) o de las minas de socavones (minería filoniana), por ejemplo, depredan y afectan áreas y ecosistemas cada vez más grandes, con más involucramiento de personas y con crecientes actividades ilícitas conexas, que se vienen constituyendo en graves problemas para el país.
La incidencia de la pobreza mantiene su primacía en las zonas rurales del país[3], precisamente donde las economías ilegales aparecen como oportunidades económicas frente al desempleo, la marginación y las escasas oportunidades para el desarrollo local. Ello se agrava aún más con los niveles de pobreza extrema, la del hambre, que alcanzan las poblaciones rurales, como la del 2024 que alcanza al 15.5% de esta población .
Por ello, resulta fundamental mantener la vigilancia y la demanda de la defensa de los derechos humanos, aunque las agendas públicas estén priorizadas por lo inmediato y lo urgente, como la violencia y la criminalidad e inseguridad del país, así como por la creciente y envolvente corrupción en las esferas del poder, que hacen que el desenfado y poca confianza en nuestra frágil democracia sean cada vez mayores como lo evidencian diversos estudios de opinión.
[1] INEI. Principales Resultados de la pobreza Monetaria, 2024. Mayo 2025. Tomado de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8037678/6749463-presentacion-del-jefe-del-inei.pdf?v=1746719511
[2] Para el año 2024 al total de pobres, 9 millones 395 mil personas, le rondan, o están muy próximos a caer en situación de pobreza el 31.8% de la población total, es decir, 10 millones 824 mil personas. La población no pobre y no vulnerable del país en el 2024 fue de 40.6%, equivalente a 13 millones 819 mil personas.
[3] En el año 2024 el nivel de pobreza urbana fue de 24.8% de la población total, mientras que la pobreza rural alcanzó el 39.3% de la población. En la sierra rural la pobreza total llegó al 42.5% mientras que en la selva rural fue de 36.7%.
