COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

En relación con un reportaje difundido en un medio televisivo que busca involucrar a nuestra institución en un supuesto conflicto entre el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís y el pueblo Awajún, manifestamos lo siguiente:

• Somos una institución con casi 20 años de aporte al país en diferentes ámbitos del desarrollo social y los derechos humanos, que van desde la defensa de los derechos laborales, la mejora de la gestión pública en beneficio del ciudadano; además del diseño de políticas públicas dirigidas tanto a personas con discapacidad como al desarrollo de los pueblos indígenas, amazónicos y afroperuanos. En particular, con los pueblos Awajún y Wampís trabajamos desde hace 14 años.

• Nuestra actividad está reconocida y auditada por diversas organizaciones privadas y públicas, tanto a nivel nacional como multilateral, desde las Naciones Unidas hasta la Unión Europea. 

• En vista de ello, resulta irresponsable que un medio de comunicación sin el menor rigor periodístico emita un reportaje donde se acuse a nuestra institución de proveer armas a una comunidad indígena para incentivar un conflicto con otra comunidad, tan solo basándose en la declaración de una persona, sin mayor evidencia y utilizando imágenes de manera sesgada que más bien corresponden a escopetas de cartucho usados como medios de caza de animales silvestres en casi todos los hogares Wampis y Awajun, además de otros pueblos amazónicos; lo que más bien demuestra el completo desconocimiento de la cultura de nuestros pueblos por parte del medio en cuestión. 

• La situación actual que afecta a ambos pueblos corresponde más bien a la invasión y el avance de la minería ilegal en sus territorios, que viene siendo combatida desde el 2016, a través de acciones de interdicción y patrullaje en los ríos amazónicos por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), en muchos casos con el apoyo de la división ambiental de la Policía Nacional (Ministerio del Interior) y unidades del Ejército peruano (Ministerio de Defensa), en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el reconocimiento de diversas instituciones nacionales e internacionales. 

• En el marco de estas acciones de interdicción para destruir las dragas y tracas ilegales que se usan para extraer oro del río Santiago y que vienen dañando y envenenando el ecosistema del río, el pasado 12 de julio, la delegación Wampis sufrió un ataque con armas de fuego de largo alcance y de tipo militar que vienen usando los grupos de mineros ilegales que han invadido la parte baja de la zona ribereña del río Santiago donde, entre otras, se ubica la comunidad Awajún Fortaleza. 

• Justamente, una de las personas que declara en el reportaje como supuesto “afectado” del pueblo Awajún es un conocido operador de los mineros ilegales del río Santiago, quien suele brindar declaraciones en medios de comunicación locales a favor de la minería ilegal, criticando y amenazando a todo al que se le oponga, lo cual es fácilmente comprobable con una visita a la zona.

• Lamentamos que, frente al terrible flagelo de la minería ilegal, un medio de comunicación le de cabida a sus representantes, apoyando su narrativa de victimización que más bien esconde acciones de terror y violencia contra las comunidades y el Estado de derecho, por el simple objetivo de desprestigiar a instituciones que vienen aportando por casi dos décadas en el fortalecimiento de los derechos humanos de los sectores más vulnerables del país. 

En ese sentido, exhortamos a nuestra comunidad, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general a que no se dejen sorprender por este tipo de “notas periodísticas” que solo buscan tergiversar la realidad y difamar, en favor de una campaña que defiende los intereses de la minería ilegal y de todos aquellos que se benefician de las economías ilegales. 

Finalmente, desde el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos PERÚ EQUIDAD iniciaremos las acciones legales y civiles que correspondan.

Lima, 13 de agosto del 2025.